La formación de Álava

Nuestros antepasados tenían por costumbre referirse a Álava como provincia y como Provincia. Con ello identificaban el doble ámbito a que pertenecían: un territorio y unas instituciones. Esa diferenciación sirve también para visualizar cómo se fue formando este espacio.

El término aparece ya a comienzos del siglo VIII en las crónicas musulmanas y en las de los primeros reyes asturianos, pero para referirse solo a una comarca, la Álava central o “nuclear”, articulada en torno a la vieja vía romana, que dejaba fuera aún a los territorios extremos de la Rioja, Ayala, la Montaña o el poniente.

A mediados del siglo XIII existía ya la Cofradía de Arriaga, primera institución alavesa, que se disolvió en 1332 para permitir a los señores de la provincia una mejor relación con la pujante corona castellana y resolver así su competencia con las emergentes villas. En 1463 –y sin conexión alguna con la Cofradía– se constituyó la Hermandad General, dotada de leyes (las Ordenanzas) y de instituciones (Juntas Generales y Diputación). Ahí nació políticamente Álava. Desde comienzos del siglo XVI su mapa ha sufrido escasos cambios, hasta que en 1833 el diseño de las provincias españolas de Javier de Burgos no hizo sino ratificar lo que la historia había ido dibujando en nuestro caso.

Antes, durante la Edad Moderna, Álava asentó un “modelo provincial” propio, con importantes privilegios mantenidos en una relación dialéctica con la Corona, de tensión y de acuerdo. En esa singularidad cobraba gran significación el régimen fiscal de la provincia. Al igual que el resto de territorios vasconavarros, tuvo más importancia el régimen aduanero –que abarataba los productos básicos– que la supuesta exención fiscal.

Esta era sustancialmente mayor que en el resto de la Corona, pero en absoluto total: los alaveses tributaban de forma ordinaria (los de la vertiente mediterránea con la alcabala), extraordinaria (arreglo de sus caminos, servicios armados al monarca) y mediante donativos “voluntarios y graciosos” (en forma de hombres, pertrechos y dineros para aportar a las guerras). La presión fiscal sobre el territorio llevó a tensiones con la hacienda regia.

Pero fue la libertad de comercio amparada por el fuero lo que preocupó más a la Corona, que veía crecer a su amparo una economía del contrabando. Los muchos gastos de unos estados permanentemente en guerra obligaron a cuidar el flanco de la tributación. Así, se produjeron tensiones por el traslado de las aduanas a la costa, con su consiguiente regreso a puertos secos; decisiones unas y otras que afectaban de manera desigual a los diferentes grupos e intereses sociales y económicos.

El Setecientos fue un siglo de centralización estatal en toda Europa. Aquí, sin embargo, convivió esa tendencia con la consolidación de nuevas ventajas, como el pase foral o el fortalecimiento de la institución provincial. La Diputación Foral se hizo con nuevos ámbitos de actuación (seguridad, beneficencia, infraestructuras viarias) y con un modelo propio de recaudación. El apoyo al Borbón Felipe V durante la guerra de Sucesión reportó esas ventajas, que no hubieran sido tales de no haber estado ya consolidada una situación que el nuevo monarca interpretó en términos de “derecho propio” del territorio.

Los momentos finales de esa centuria conocieron duros debates sobre el carácter del régimen foral, de manera que, al llegar a la contemporaneidad, la exigencia niveladora del constitucionalismo liberal dio lugar a fuertes controversias. Pero, para entonces, la provincia ya presentaba su modelo de administración propia como una suerte de “constitución provincial”. Las dos guerras carlistas pusieron a prueba la continuidad del fuero y todas esas nomenclaturas y semánticas. Tras la primera, la unanimidad fuerista fortaleció la posición alavesa (y vasconavarra) al encontrar las reconciliadas élites locales una posición de acuerdo con el Estado.

Pero tras la segunda las cosas habían cambiado lo suficiente como para que una reedición del “arreglo foral” no fuese posible. Finalmente, el tiempo foral acabó en julio de 1876 y los alaveses debieron contribuir en adelante en hombres y dineros, aunque aquellas antiguas prerrogativas encontraran en el Concierto económico iniciado dos años después un ventajoso “amortiguador” de la novedad.

La llamada “constitución provincial” cedió a la condición general de provincia, pero en el caso alavés se benefició tanto de las ventajas del autogobierno fiscal como de la explotación de su histórica posición estratégica entre el continente y la península, entre el Cantábrico y el Mediterráneo, igual que en los tiempos de la iter XXXIV. Después, su integración en la recién constituida “Euskadi política” (1980) dio paso a un nuevo tiempo.